Los registros del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., revelan que más de la mitad de los 238 deportados estaban catalogados sólo como infractores de las leyes de inmigración y no tenían prontuario criminal alguno en Estados Unidos.
El gobierno de Trump sabía que la gran mayoría de los venezolanos enviados a la prisión de El Salvador no habían sido condenados por crimen alguno en EE.UU.
