Una nueva ronda de mociones de los abogados del artista urbano Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala Rodríguez) y de su esposa Mireddys González culminó en la noche de este sábado con una petición de Ayala Rodríguez al juez superior Anthony Cuevas Ramos para que conceda a Mireddys y a su hermana, Ayeicha, hasta las 4:00 p.m. de mañana, domingo, para entregar los accesos electrónicos de las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.
La moción radicada por el equipo legal de Ayala Rodríguez, compuesto por Carlos E. Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel , fue en respuesta a una moción de los abogados de las hermanas González en la que solicitaron a Cuevas Ramos que otorgara permiso para entregar el dispositivo de almacenaje portátil, con los datos requeridos, en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan.
Más temprano en el día, Cuevas Ramos emitió una orden en la que advirtió a las hermanas que podrían incurrir en desacato y, posiblmente, ser arrestadas, si no entregaban la información requerida mediante una orden anterior del juez en o antes de las 8:00 p.m. de este sábado. “Tenga la parte demandada último término hasta las 8:00 p.m., del día de hoy (sábado) para entregar los accesos que se les requirió entregar durante la vista de ayer. Advertimos que transcurrido dicho término sin cumplir se procederá a ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato civil”, indicó Cuevas Ramos en la orden.
El Nuevo Día supo que las partes sostuvieron una reunión, cerca de las 7:00 p.m., en la que se intentó traspasar los accesos electrónicos de todos los servicios relacionados con ambas corporaciones, pero requerimientos técnicos evitaron que se pudiese completar el proceso. Por consiguiente, los abogados de Ayala Rodríguez sometieron la moción en la que solicitaron se le conceda más tiempo a las hermanas González para cumplir con la orden.
De momento, se desconoce si Cuevas Ramos atendería las mociones esta noche o si las revisará mañana por la mañana.
Una moción de dos páginas radicada, en la tarde de este sábado, por los abogados Pilar Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, representantes legales de las hermanas González, resaltó que sus clientas cumplieron con la orden emitida por Cuevas Ramos y que sus gestiones para contactar a Díaz Olivo, Torres Colberg y Colberg Birriel a lo largo del día, supuestamente, no rindieron frutos. Los abogados indicaron que, presuntamente, enviaron mensajes de texto y correos electrónicos, además de llamar, y que no recibieron respuesta.
Por tal razón, los abogados de las hermanas González solicitaron a Cuevas Ramos que emita una orden que les permita “la consignación o depósito del dispositivo en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan o en cualquier otra localización que el tribunal considere adecuada, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda”.
Esta nueva ronda de mociones surgió luego de la entrega de una solicitud urgente de desacato presentada por la defensa del artista en la noche del viernes reiterando que, aunque las hermanas González renunciaron a las posiciones de liderato que ocupaban en las corporaciones, no habían entregado todo lo referente al acceso a las cuentas digitales de ambas entidades.
En el documento, radicado a las 7:28 p.m. del viernes, horas después de la vista de emergencia celebrada a las 4:30 p.m., los abogados explicaron que, culminada la vista, se comunicó con el equipo legal de las hermanas González para que se presentara la certificación de renuncia de ambas a todas sus posiciones corporativas y se hicieran los arreglos para el acceso digital de dichas entidades.
Añadieron que la certificación de renuncia fue finalmente provista por las demandadas, y que el abogado de las corporaciones, Jean Paul Vissepó, recibió un dispositivo con información personal del artista y su esposa, y documentos genéricos corporativos que “nada tiene que ver con los accesos y requerimientos corporativos”.
“En síntesis, no se cumplió a cabalidad con la orden del Tribunal”, indica el documento de cuatro páginas, analizado por El Nuevo Día, que fue presentado por Díaz Olivo, Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel.
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La moción señaló que, presuntamente, durante el transcurso de la tarde y entrada la noche del viernes se efectuaron diversas comunicaciones e intentos con Pérez Rojas y Torres Rivera para dar fiel cumplimiento a lo instruido por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
“Incluso, se le proveyó un enlace por la plataforma de zoom para facilitar la comunicación entre las partes… Los suscribientes todos cancelaron sus compromisos y confiaron en las múltiples expresiones de la licenciada Pérez de que más tarde se estaría efectuando la reunión para proveer los accesos”, agrega el documento.
“Luego de tiempo de espera, y que en más de una ocasión esperando en línea se enganchara el teléfono, la licenciada Pérez indicó que hoy no habría de entregar los accesos. Por lo que una vez más, las codemandadas incumplen con lo ordenado y abiertamente optan por desacatar al propio Tribunal. Una vez más, la parte demandante fue burlada en su buena fe”, enfatiza el recurso legal.
Por tanto, se solicitó que se encuentre en desacato a las hermanas González según apercibidas y que se emita orden urgente en protección del artista y las entidades corporativas. “Por todo lo cual, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal se de por informado de lo expuesto y declare con lugar la presente moción”, indicó la defensa del icono de la música.
La primera moción solicitando desacato
Inicialmente, la defensa del artista solicitó al tribunal que encontrara en desacato a las hermanas González por no cumplir con el acuerdo alcanzado en la vista judicial del 19 de diciembre, y tras no comparecer presencialmente a la primera reunión pautada para el 26 de diciembre.
Ante los planteamientos de ambas partes, que quedaron plasmados en sendas mociones, el juez determinó citar a una vista de emergencia, en la modalidad de videoconferencia, para escuchar los argumentos de las partes y entonces tomar nuevamente una decisión.
Sin embargo, luego que las partes se expresaron, el juez determinó no encontrar en desacato a las hermanas González, sino que dio, nuevamente, una oportunidad a la parte demandada para que entregara la totalidad de los documentos, fijando como fecha límite el 31 de diciembre.
Cuevas Ramos reiteró que las demandadas deben entregar las posiciones corporativas; la información de contabilidad, jurídica y bancaria de las corporaciones y cualquier otra documentación, según se estableció en el acuerdo alcanzado durante la vista celebrada el 19 de diciembre tras Ayala Rodríguez demandar luego que las hermanas, presuntamente, intentaron extraer $100 millones de las cuentas de ambas empresas.
La sentencia previa emitida por el juez dice que, como parte del acuerdo alcanzado, Ramón Ayala Rodríguez, nombre del artista urbano, asumió la presidencia de las dos entidades corporativas, entiéndase El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.
Además, se acordó que $75 millones que están en las cuentas de ambas entidades, se van a mantener intocables por un periodo de 30 días “en lo que el nuevo control pueda tener acceso a toda la información y una vez tenga todo conocimiento de lo relacionado a las finanzas corporativas, se podrán alcanzar unos entendidos posteriores”.
No obstante, el resto del dinero en las cuentas se van a mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transacción que sea mayor de $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse ese desembolso.
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Además, como presidente de las entidades corporativas, el artista se comprometió a rendir un informe mensual a su esposa, “sobre todo asunto financiero, así como todo acceso a documentación que así lo determine como parte de las actividades comerciales de las corporaciones”.
