Nicolás Maduro ha decretado la emergencia económica en Venezuela con el objeto de “proteger al pueblo” del impacto que tendrán en las finanzas nacionales las decisiones arancelarias anunciadas por Donald Trump y el endurecimiento de las sanciones internacionales al país. “Esta guerra arancelaria viene a romper todas las reglas que se cumplieron durante ochenta años, ochenta años de globalización”, dijo el mandatario este martes durante una reunión con empresas del sector de telecomunicaciones transmitido en cadena nacional de radio y televisión. “Hoy, gracias a Dios, Venezuela tiene su propio modelo económico para enfrentar esta nueva etapa de la economía y salir adelante”, agregó.
Por dos meses, la ya resquebrajada economía venezolana, estará sometida a un período especial que, según el nuevo decreto, podrá ser prorrogable por otros dos meses. Este régimen especial da completas facultades al presidente para tomar medidas excepcionales, lo que en Venezuela supone un formalismo político, pues Maduro controla todos los poderes públicos. Aun así, el líder del chavismo ha señalado que mediante este decreto podrá aprobar regulaciones transitorias, suspender el cobro de tributos y trámites administrativos y también sus exenciones; establecer porcentajes de compra de producción nacional obligatoria, para promover la sustitución de importaciones en bienes y productos priorizados; ampliar el endeudamiento; erogar gastos no previstos en el presupuesto nacional que desde hace varios años no es público. “Hay que tomar medidas de magnitud, haciendo todos los esfuerzos que se pueda hacer para reducir el impacto de la guerra económica contra el mundo y Venezuela”, afirmó.
Las medidas concretas que implican esta ampliación de poderes para Maduro se conocerán en unos días. Entre 2016 y 2021, el país ya estuvo bajo un estado de excepción económica. En este período Washington aplicó las sanciones más duras contra el Gobierno chavista, el mundo entró en recesión por la pandemia y en Venezuela se vivió la hiperinflación. El propio Maduro ha llevado al acto televisado todos los decretos previos para acompañar el nuevo anuncio. Exhibiendo un fajo de carpetas rojas, Maduro recordó esos años como una “experiencia maravillosa”. “Fue un sacrificado y difícil camino para el establecimiento de un nuevo modelo y el restablecimiento económico por esfuerzo propio”, aseguró. “Pudimos garantizar el CLAP, que ha sido vital para la estabilidad del país”, dijo en referencia al programa de distribución de alimentos subsidiados inmerso en una espiral de denuncias de corrupción.
La plana dirigente oficialista se ha plantado frente a la guerra arancelaria y sanciones de Trump con una actitud que quiere denotar en todo momento aplomo y optimismo, independientemente de las alarmantes condiciones sociales del país. Los partidos aliados del PSUV, pertenecientes al denominado Gran Polo Patriótico —el frente político electoral del chavismo— se han pronunciado “respaldando” la decisión de Maduro.
El anuncio del fin de la licencia de explotación petrolera a Chevron y al resto de las compañías internacionales energéticas que operan en el país (Eni y Repsol han renovado su voluntad de continuar a pesar del veto de los Estados Unidos) ha provocado de manera casi inmediata un duro sobresalto cambiario, con su consecuente impacto en los precios, y un ambiente de nerviosismo silente en los actores económicos y la población.
El fantasma de la hiperinflación
El dólar oficial, que se tasaba a 46 bolívares en noviembre, hoy está en 72. El dólar paralelo pasó los 100 bolívares. La diferencia entre los distintos tipos de cambio ya complica las transacciones cotidianas. Como ha ocurrido en el pasado, especialmente en tiempos de crisis, el Banco Central de Venezuela no ha vuelto a publicar la información del comportamiento económico de los últimos tres meses. El Observatorio Venezolano de Finanzas calcula una tasa inflacionaria de 13% en marzo. Algunos académicos ya calculan que cerrará sobre el 100% para 2025, regresando a los tres dígitos.
En la tabla de aranceles que tiene al mundo entero en crisis, Trump asignó a Venezuela una penalidad de 15% de impuestos a sus importaciones centradas, sobre todo, en mariscos, pescado fresco, ron y café. Pero la medida que más afecta fue al país sudamericano es la imposición de 25% de aranceles en sus importaciones a cualquier país que comercie con petróleo o gas venezolano, lo que complica aún más la producción y venta de crudo nacional, que con seguridad se hará de nuevo con importantes descuentos en su precio y en condiciones opacas.
El impacto de esta circunstancia se ha sentido duramente en las cuentas de una nación más dependiente que nunca de los ingresos petroleros, con una economía destruida luego de la desastrosa administración del chavismo, en la cual ya se ha producido un colapso socioeconómico que redujo el PIB a un tercio en apenas una década, y un duro deslave social desde 2014.
Entre 2021 y 2024, en medio de las políticas flexibles de Joe Biden y en el contexto del diálogo político en Barbados, la economía venezolana experimentó una modesta recuperación de sus índices productivos y una lenta recuperación de su producción petrolera. Petróleos de Venezuela (PDVSA), socia de Chevron en los campos que operaban conjuntamente en el país, ha declarado que asumirá la totalidad de las operaciones de estas empresas mixtas cuando la estadounidense se deba retirar el mes que viene. La estatal ha asegurado que no se producirán sobresaltos en la producción ni en los ingresos nacionales. “Estamos haciendo el respectivo seguimiento para blindarnos. Afortunadamente tenemos un plan, los 13 motores productivos están en marcha, además de una unión empresarial sólida y con grandes consensos”, ha declarado Maduro.