El informe Organized Crime and Violence in Latin America and the Caribbean, Latin America and the Caribbean Economic Review (April, 2025) del Banco Mundial, indica que la situación en América Latina y el Caribe se caracteriza por una mayor incertidumbre, a pesar de avances internos moderados. Si bien se ha logrado cierto progreso en la lucha contra la inflación y los mercados laborales muestran señales de ajuste, un factor que exacerba los desafíos es la creciente expansión del crimen organizado transnacional. El documento subraya que el crimen organizado se ha convertido en una fuente predominante de malestar social y es un problema de primer orden que plantea graves obstáculos para el desarrollo y la gobernanza en la región.
América Latina y el Caribe se distingue por ser la región con la tasa promedio de homicidios más alta del mundo. A pesar de tener solo 9% de la población mundial, concentra un tercio de los homicidios. Esta brecha con el resto del mundo se ha ampliado en los últimos 20 años. Las tasas de homicidio son elevadas incluso al considerar los niveles de ingreso per cápita y desigualdad de los países. Si bien las tasas de victimización también son altas en América Latina y el Caribe, la característica más distintiva es el «exceso» de violencia letal, donde las tasas de homicidio son mayores de lo que predeciría el nivel general de criminalidad, lo que sugiere una mayor letalidad del crimen organizado en la región. Este exceso de violencia letal está altamente correlacionado con el puntaje de criminalidad del GI-TOC en América Latina y el Caribe.
¿Qué características tiene el crimen organizado en América Latina y el Caribe?
El crimen organizado se está expandiendo a nuevos países e industrias en América Latina y el Caribe, más allá de los centros tradicionales como Colombia, Brasil o México. Estos grupos son parte de vastas redes internacionales involucradas en actividades como narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal y deforestación. Doce países de América Latina y el Caribe se encuentran entre los 50 primeros a nivel mundial en el puntaje de criminalidad de GI-TOC en 2023.
Las fuentes identifican cuatro características centrales del crimen organizado en América Latina y el Caribe:
- Control territorial: los grupos criminales controlan vastas áreas geográficas, imponiendo su dominio a través de la coerción y la violencia para monopolizar mercados.
- Coerción y extorsión: la extorsión es una práctica común para obtener ingresos.
- Captura del Estado: buscan influir o controlar instituciones gubernamentales.
- Gobernanza criminal: en los territorios bajo su control, dictan reglas, proveen servicios (como seguridad y justicia) y limitan las libertades individuales, actuando como un gobierno paralelo.
El crimen organizado y la violencia actúan como una barrera significativa para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Deterioran la calidad de vida, aumentan la incertidumbre para la inversión necesaria para el crecimiento, debilitan la capacidad del Estado para proveer servicios y contribuyen a la baja productividad y el alto nivel de desigualdad. El problema se agrava por la debilidad institucional en áreas clave como cárceles, policía y sistemas de justicia. Se nutre de la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, quienes pueden ser reclutados por grupos criminales debido a la escasez de empleos de calidad en el mercado formal.
Lo que dice el Banco Mundial sobre Venezuela
Respecto a Venezuela, las fuentes lo señalan como uno de los países donde el control territorial por parte de grupos criminales es notable. Es identificado explícitamente como uno de los países en América Latina y el Caribe con los niveles más altos de «exceso» de violencia letal. La banda criminal Tren de Aragua tuvo su origen en las cárceles de Venezuela, ilustrando el problema de las prisiones bajo control criminal, problema que se presenta en varios países de la región.
A pesar de estos desafíos, el informe observa que Venezuela ha experimentado una mejora significativa en su tasa de homicidios en los años más recientes disponibles.
Las remesas personales constituyen un porcentaje alto del PIB para Venezuela, lo cual la conecta con las dinámicas migratorias regionales, que el informe menciona como afectadas por el crimen.
El informe enfatiza que América Latina y el Caribe debe priorizar la lucha contra el crimen organizado de manera urgente. Las recomendaciones generales para la región incluyen:
- Fortalecer la capacidad del Estado en cárceles, policía y sistemas de justicia, que a menudo son débiles o están capturados.
- Implementar intervenciones de prevención focalizadas en jóvenes en riesgo.
- Mejorar la comprensión del fenómeno a través de mejores datos e investigación, pues la falta de información adecuada obstaculiza la acción estatal efectiva.
- Fomentar la coordinación interinstitucional, multinivel e internacional.
- Abordar las causas profundas, como la falta de oportunidades y la desigualdad política, que alimentan el crimen.
- Priorizar los crímenes más dañinos para la sociedad dados los recursos limitados del Estado.
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