No hay certeza hasta ahora de quiénes están detrás de la suspensión de la 21° edición del Festival del Cine Venezolano, que se desarrollaría en Margarita del 1 al 5 de junio. Pero Karina Gómez Franco, su presidenta, dice con la voz quebrada al teléfono que se le está haciendo un enorme daño a la cultura del país. Es la primera vez en más de 20 años que el certamen se cancela.
En un país en el que el año pasado hubo una caída importante en la taquilla para películas venezolanas, ahora ya no habrá un festival nacional que permita conocer qué están haciendo los cineastas venezolanos. Para esta edición estaban programados 54 cortometrajes (40 de ficción y 14 documentales) y 37 largometrajes (23 de ficción y 14 documentales), además del Maratón Cine Átomo, que implica crear historias brevísimas en categorías de ficción, animación y documental. El festival también tenía previsto ofrecer formación en ámbitos como la inteligencia artificial en el cine, la dirección de actores o la tecnología en sonido.
No hay en Venezuela un festival de tal tamaño, salvo competencias regionales como el Festival de Cine Entre Largos y Cortos de Oriente (ELCO) o el Encuentro para Cinéfagos: Festival de Cine-Arte en la Frontera, o dedicados a géneros específicos como el CaracasDoc.
La cancelación del Festival del Cine Venezolano, sin que haya claridad sobre los motivos, ocurre luego de algunos desencuentros con el poder que tienen que ver tanto con los organizadores del certamen como con algunas de las películas proyectadas. En 2022, en plena edición número 18, se declaró al festival Patrimonio Cultural del estado Mérida luego de una propuesta del entonces gobernador Jehyson Guzmán, lo que ha sido rechazado por Gómez Franco porque, dijo en una entrevista con este periódico, “no puedes declarar patrimonio de nadie un intangible”.
Al año siguiente, la película ganadora, Simón, resonó no solo por su estética y el tema que abordaba —las protestas de 2017—, también porque recibió la certificación como obra nacional con la salvedad de que pudo haber estado violando la Ley Contra el Odio. Además, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) no se refirió a sus reconocimientos en el festival como sí lo hizo con las películas premiadas en 2022.
Pero se suma un problema más reciente para el festival. La denuncia de la firma Escritorio Raymond Aguiar en representación del filme Hotel Houffer, que estuvo entre las competidoras de la 20° edición. El despacho acusó, en un comunicado firmado por su director Christian W. Canache Aguiar y por el productor de la película, cuyo nombre no es mencionado, a Karina Gómez Franco y Fundearc —fundación que organiza el Festival del Cine Venezolano— de presuntas irregularidades administrativas y financieras, fraude, estafa, incitación al odio y de incurrir en “posibles violaciones de leyes nacionales que resguardan el patrimonio cultural y artístico de nuestra nación”.
Parte del elenco, en un comunicado conjunto, se deslindó de la demanda.
La presidenta del festival desmintió que haga incitación al odio o malversación de fondos. “No tengo fondos, además. Yo hago el festival de manera transparente”.
“La tristeza me embarga. Literalmente llevo 20 años haciendo un trabajo transparente, honorable y que tiene credibilidad en el cine nacional. Con un lado y el otro. Jamás el festival ha juzgado las películas por el lugar del que vienen o por qué vienen. Esa es su esencia. ¿Qué voy a hacer? En este momento no tengo ni la más remota idea”, expresó la gerente cultural.
Gómez Franco, sin embargo, señaló que el cine nacional es pujante y puso como ejemplo que en la edición cancelada del festival iban a presentarse 13 óperas primas. “En las que la gente habla de la adoración que sienten por su país. ¿Hasta eso nos van a quitar? Me da una profunda tristeza por el trabajo de 20 años. 20 años aupando a que la gente adore este país. ¿Adoramos el país y tampoco lo vamos a poder ver?”.
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