El reciente fallo de la Corte Suprema suspendió una orden previa de un juez federal que impedía al gobierno poner fin al programa, dejando a más de 500.000 migrantes en riesgo de ser deportados de Estados Unidos, según informó BBC.
El programa de libertad condicional seguirá el mismo camino que el TPS, el cual fue revocado a más de 600.000 venezolanos a principios de mes por decisión de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional.
Today, the American people landed a legal victory to terminate parole for more than 530,000 illegal aliens from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela (CHNV) who were released into the country by the Biden Administration. This order comes after an activist judge ruled that DHS…
— Homeland Security (@DHSgov) May 30, 2025
Ante la determinación final, los venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 perderán sus beneficios migratorios la próxima semana, en tanto aquellos que accedieron al beneficio en 2021 perderán el estatus legal en septiembre.
Las posturas sobre la revocación del programa de libertad condicional
Al conocer la decisión del tribunal supremo, distintos grupos que defienden los derechos de los migrantes elevaron su voz para criticar el fallo. “Sienta un precedente peligroso al permitir que la administración Trump desmantele las protecciones humanitarias de larga data para las personas que huyen de la persecución y el abuso en países en crisis”, expresó Ida Sawyer, directora de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch, citada por el medio Miami Herald.
La declaración de Sawyer fue una de las tantas en contra de la decisión, contrastando con las palabras de la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, quien cuestionó la instalación del programa en primera instancia. “El gobierno de Biden le mintió a Estados Unidos. Permitió que más de medio millón de extranjeros de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y sus familiares directos, sin una verificación exhaustiva de antecedentes, ingresaran a Estados Unidos a través de estos desastrosos programas de libertad condicional“, escribió la portavoz.
En esa línea, McLaughlin sostuvo que “el fin de los programas de libertad condicional CHNV será un retorno necesario a políticas sensatas, a la seguridad pública y al principio de Estados Unidos Primero”.
Mientras la Casa Blanca celebró la decisión del tribunal supremo, los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron con el fallo. “La orden hará que las vidas de medio millón de inmigrantes se desmoronen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sus reclamos legales”, advirtió Jackson.
