El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, hicieron entrega de la documentación del caso en La Haya, Países Bajos, desde donde plantearon la posibilidad de una “cooperación más estrecha” entre la investigación de Chile y la que sigue la CPI sobre Venezuela desde 2018 por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro desde 2014.
Para las autoridades chilenas, la información que manejan sobre el crimen del militar venezolano puede ser de “utilidad” para la investigación que lleva el máximo tribunal, conocida como “Venezuela I”, que fue abierta formalmente por el fiscal británico Karim Khan, actualmente sancionado por Estados Unidos.
Esto, debido a que la hipótesis de la investigación de la Justicia chilena “apunta a la posibilidad de un móvil político, así como a la intervención de agentes extranjeros”, según señaló Van Klaveren en un video enviado por Cancillería chilena.
Colaboración Chile – CPI
La presidenta de la CPI, jueza Tomoko Akane, y su primer vicepresidente, el juez Rosario Salvatore, recibieron a la delegación chilena, que después se reunió con el fiscal Khan y sus asesores, que recibieron los antecedentes para que sean considerados en la indagatoria.
Los funcionarios chilenos propusieron a Khan la creación de un equipo conjunto de investigación para que el máximo tribunal, la Fiscalía chilena y la Policía de Investigaciones de Chile puedan compartir información y sacar adelante ambas investigaciones, según reseñó el medio local La Tercera.
Según indicó Valencia en un comunicado, la propuesta “fue bien recibida” por Khan e informó que continuarán las reuniones conjuntas para avanzar en esa línea.
“Transmitimos nuestra intención, que fue bien recibida por parte del fiscal Khan, de crear un equipo conjunto de investigación, de manera que tanto los investigadores de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que están trabajando en investigar los crímenes contra los derechos humanos que se habrían cometido en Venezuela por agentes del Estado venezolano, como el equipo de la Fiscalía de Chile y de la PDI, que están trabajando en el esclarecimiento del secuestro con homicidio del que fue víctima el teniente Ronald Ojeda, puedan trabajar en conjunto, compartir información y sacar adelante estas investigaciones”, aseveró.
Tanto Chile como la CPI van a “seguir colaborando en el ámbito de la investigación y eventualmente incluso en el ámbito de protección de testigos”, agregó el fiscal chileno, un hecho que calificó como “significativo”.
Reacción del régimen
Por su parte, la dictadura chavista calificó, a través de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, como una “ridícula maniobra” la entrega de información sobre el caso Ojeda por parte de Chile a la CPI.
A su juicio, el crimen del teniente es un “caso aislado”, que “no solo carece de fundamentos jurídicos, sino que se sostiene en un odio vicioso contra Venezuela” por parte de quienes están “desesperados” por “complacer agendas que les ordenan desde los EEUU”.
“La CPI no es un tribunal que ventila las fábulas fantasiosas de imberbes politiqueros ni un escenario para montajes mediáticos (…) Chile, en lugar de prestarse para maniobras vergonzosas, debería enfocarse en sus propios y graves problemas internos, incluyendo la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo mapuche y la represión de la protesta social”, apuntó el régimen.
Implicación en el crimen de Ojeda en Chile
El pasado 23 de enero, la entonces ministra de Interior, Carolina Tohá, había anunciado que Chile llevaría el caso a la CPI si se lograba comprobar que el número dos del chavismo y actual ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, está involucrado en el crimen de Ojeda, como señalara un testigo protegido, que lo responsabiliza de “encargar” y “pagar” por el secuestro y homicidio del militar venezolano.
La tesis de que el secuestro y posterior asesinato de Ojeda es un crimen político ha tomado fuerza en los últimos meses, especialmente luego de la detención de miembros del Tren de Aragua en Chile, Colombia y EEUU, vinculados con el caso, quienes señalan directamente a Cabello.
“Algunos antecedentes apuntan al territorio venezolano para dar una señal, generar intimidación respecto de alguien que tenía un rol político como opositor al gobierno de ese país”, subrayó Tohá.
El 17 de febrero, también se conoció que las investigaciones que adelantan el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) apuntan al coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acusado de violaciones a los derechos humanos, como presunto líder del crimen del teniente.
De acuerdo con las indagaciones, el militar chavista, conocido como el “carnicero de Maduro”, habría sido el hombre armado que sometió a Ojeda en su apartamento vistiendo uniforme de la policía chilena, lo subió al vehículo y facilitó su posterior asesinato.
El fiscal chileno, Héctor Barros, solicitó el apoyo del Departamento de Justicia de EEUU para rastrear la actividad de Granko Artegaga en redes sociales en las fechas cercanas al crimen del teniente venezolano.
Un menor de edad condenado
Hasta el 21 de febrero, había 10 personas formalizadas por el secuestro y asesinato de Ojeda, de acuerdo con Tohá. Tres de ellas estarían fuera de Chile, por lo que el Estado solicitaría su extradición.
La justicia chilena ya ha condenado a un menor de 17 años por el crimen, y el Ministerio Público tiene identificadas a otras seis personas por este caso, que aún no han sido detenidas.
El 24 de marzo, el gobierno de EEUU anunció la extradición a Chile de tres de los presuntos integrantes de la organización criminal del Tren de Aragua, entre ellos, Adrián Rafael Gámez Finol, alias “El Turco”, acusado de ser el autor intelectual del crimen de Ojeda.
Gámez Finol, de 38 años, de nacionalidad colombiana y venezolana, es identificado como un cabecilla de la facción “Los Piratas del Tren de Aragua”, desmantelada recientemente en Chile. Se le atribuye un papel clave en la planificación y ejecución del secuestro y asesinato del teniente venezolano.
“Estados Unidos no será refugio para criminales internacionales. Trabajamos con nuestros socios en Chile para garantizar que estos individuos enfrenten la justicia”, declaró el Departamento de Justicia en un comunicado divulgado por Fox News.
FUENTE: Con informacón de La Tercera / CNN Chile / comunicado de prensa / Redacción DLA
