El excanciller Heraldo Muñoz respaldó la advertencia del Gobierno de recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) si se confirma la participación del número dos del chavismo, Diosdado Cabello, con el asesinato hace casi un año del exmilitar venezolano asilado en Chile, Ronald Ojeda.
“Estoy de acuerdo con la Ministra Tohá. En caso que se compruebe que Diosdado Cabello ordenó el secuestro y homicidio del Teniente Ojeda, Chile debería recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI)”, señaló Muñoz a Emol.
“De hecho, Chile debería solicitar ahora a la Fiscalía de la CPI que investigue eficazmente a Nicolás Maduro por las denuncias en su contra por delitos de lesa humanidad”, agregó el exjefe de la diplomacia chilena.
En ese sentido, explicó que “un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI puede recurrir a la Corte si un crimen contemplado en el Estatuto se ha cometido en su territorio”.
“El Estado Parte del Estatuto puede remitir al Fiscal de la CPI los antecedentes sobre los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por el individuo acusado, para que inicie una investigación”, sentenció Muñoz.
Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó que el Gobierno recurra a la CPI, tras los nuevos antecedentes revelados en el denominado Caso Ojeda.
“Son antecedentes preliminares porque la investigación está todavía en curso, pero los tomamos con toda su gravedad porque son relevantes y reiterados. Si la investigación los confirma, el Estado de Chile no lo dejará pasar”, dijo Tohá.
“Habrá muchas definiciones que tomar, pero una de las cosas que tenemos claro es que recurriremos al Tribunal Penal Internacional”, añadió la ministra.
El anuncio llega después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmara horas antes que uno de los testigos del crimen señaló que “el encargo y el pago habría venido de Diosdado Cabello”, actual ministro de Interior venezolano.
Las declaraciones de Valencia apoyan así la tesis que el fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, ha mantenido desde las primeras etapas de la indagatoria y que vincula al Gobierno de Nicolás Maduro y al Tren de Aragua con el asesinato de Ojeda en febrero pasado.
Disidente del Gobierno chavista y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en un campamento en la comuna de Maipú, sepultados debajo de un bloque de cemento.
“El Estado de Chile ha mostrado cuán seriamente se toma estos temas y la persistencia con que trabajamos para que funcione la justicia y no exista impunidad, incluso cuando hay tantos obstáculos como ha habido en este caso”, concluyó Tohá.
