El Barça sigue trabajando sin respiro para lograr que Dani Olmo y Pau Víctor puedan seguir compitiendo bajo el amparo legal de LaLiga y la RFEF. El pasado martes no llegó a tiempo de presentar toda la documentación que la patronal había requerido para mantener activas las fichas de ambos jugadores: faltaba la confirmación bancaria que demostrase que el club había ingresado ya el dinero por la venta de los palcos VIP.
El organismo que preside Tebas, por esa razón, desinscribió a los dos futbolistas y, a partir de ahí, solucionar el embrollo era cuestión de fe porque desde LaLiga lo dieron oficialmente por zanjado, mientras que desde el club, de forma oficiosa, aseguraban que tenían tres días para arreglar el desastre y de forma formal, a través de un comunicado, apuntaban a intentarlo vía RFEF.
En cualquier caso, el Barça ha enviado a LaLiga toda la documentación exigida antes de fin de año (fuera de plazo) y ya obra en poder de sus responsables. El montante económico de la venta es de 120 millones de euros. Como ya apuntaba el texto de la entidad blaugrana emitido pasadas las ocho de la tarde del martes 31 de diciembre, “el FC Barcelona informa que ha solicitado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) una nueva licencia por los jugadores Daniel Olmo y Pau Víctor”. Es la única vía que contempla el club en este momento.
Laporta sale de las oficinas del Barça tras reunirse por el caso Olmo / SPORT
De momento, los nombres de Dani Olmo y Pau Víctor siguen apareciendo en la web oficial de la RFEF, aunque sin la validación necesaria de LaLiga para su uso en competición. El Barça pedirá, ya con toda la documentación necesaria presentada, que el ente federativo dé el visto bueno para que ambos puedan jugar el próximo sábado en Barbatro la Copa del Rey, torneo organizado por este organismo, del que desde el pasado 16 de diciembre también tiene como vicepresidente al presidente de LaLiga, Javier Tebas. Existe en el club que preside Laporta cierto escepticismo interno de que la respuesta sea positiva.
Una tercera cautelar
Por esa misma razón ya tienen preparada una nueva solicitud de medidas cautelares a nivel judicial. Los argumentos del Barça se basan en el incumplimiento de la norma de inscripción, que consideran no aplicable en los dos casos porque han existido causas de fuerza mayor. Entiende el club que, pese a tener toda la operación de venta de los asientos VIP confirmada y habiendo ya depositado el comprador los 120 millones de euros, la operativa necesaria para obtener los avales de cobro no pudo realizarse por coincidir con fin de año.
