La defensa del artista urbano Raymond Ayala Rodríguez, mejor conocido en la música urbana como Daddy Yankee radicó, este viernes, una moción donde se opuso a dar por concluido el pleito corporativo en contra de Mireddys y Ayeicha González Castellanos, su esposa y cuñada, respectivamente, bajo el argumento de que ambas deben cumplir con la deposición confidencial acordada porque todavía quedan, presuntamente, demasiadas interrogantes sobre el manejo de las empresas El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.
El documento judicial de 10 páginas, analizado por El Nuevo Día, surgió en respuesta a una moción presentada el 6 de febrero por las hermanas González en la que aseguraron haber entregado “todo” lo solicitado en el pleito corporativo.
Por consiguiente, los abogados de las hermanas argumentaron que ya no era necesario llevar a cabo la deposición confidencial pautada para este mes.
Tras recibir el documento de los abogados de las hermanas González, el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, emitió una orden para que los abogados de Ayala Rodríguez se expresaran. Sin embargo, el artista se opuso a dar por finalizado el pleito por entender que la solicitud de las demandadas resulta improcedente, por lo que sus representantes legales solicitaron al tribunal proceder con la deposición y que se encuentre a las hermanas en desacato si no asisten.
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“Los acuerdos y, muy particularmente, las estipulaciones se efectúan ante un tribunal de justicia, se respetan y hay que acatarlos”, expresó reiteradamente el equipo legal del artista conformado por los licenciados Carlos Díaz Olivo, Anabelle Torres Colberg y Heileene Colberg Birriel.
En el documento, los abogados de Ayala Rodríguez indicaron que “no es correcto ni se ajusta a la verdad” la alegación planteada por las hermanas en su moción de que “estaba pendiente de atención” una solicitud presentada, el 7 de enero, para que entregaran una carta de representación gerencial.
Los abogados del artista, en cambio, señalaron que, el mismo día en que presentaron la solicitud para la entrega de la carta de representación gerencial, los abogados de las hermanas no solicitaron una prórroga o un plazo de 30 días para ponderar lo requerido.
“Por el contrario, reaccionó de inmediato y expuso con firmeza su posición al tribunal (…) alegaron que ya han sometido la información solicitada que tenían bajo su control y han entregado información más que suficiente para que el demandante pueda asumir la administración de las corporaciones”, lee el documento.
La representación legal de Ayala Rodríguez argumentó que, el mismo 7 de enero, las hermanas reiteraron su oposición a la solicitud de la carta de representación, y que al día siguiente, 8 de enero, reiteraron su oposición mediante otro escrito en el que aseguraron que el pedido de la parte demandante es un “hostigamiento temerario a las aquí comparecientes que no se debe aceptar”.
“De manera que, con respecto a nuestra petición (…), no había nada pendiente ni sujeto a posible aceptación posterior por parte de las demandadas, pues estas -expresa y tajantemente– la rechazaron en dos ocasiones distintas”, argumentaron los abogados del artista.
En la moción, los licenciados también recordaron que, en la vista celebrada el 14 de enero, ambas partes acordaron que la licenciada Mariel Colón Miró, abogada de las hermanas, se encargaría de la documentación que faltara por entregar.
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De quedar algún asunto pendiente, las partes acordaron que se realizarían deposiciones a puerta cerrada para detallar las gestiones realizadas y dónde se encuentran los documentos, así como información verbal que no surja en ningún documento.
“No es posible que una de las partes obligadas por el acuerdo estipulado se deshaga y se libere unilateralmente del compromiso contraído dándolo por cumplido, como mejor le parezca, a su conveniencia y en abierto perjuicio de la otra parte a quien le incumple”, argumentó la parte demandante.
Los abogados del artista argumentaron que la carta de representación gerencial entregada por Mireddys y Ayeicha, junto con la moción, “confirma y acrecienta nuestras interrogantes sobre la operación de las empresas El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.”.
En respuesta al planteamiento de la esposa del requetonero, quien aseguró seguir siendo codueña de las corporaciones al mantener “el 50% de las acciones”, los licenciados de Ayala Rodríguez sostuvieron que el hecho de que las corporaciones se organizaron durante la vigencia del matrimonio “no implica que cada uno es titular del 50% de los distintos activos corporativos”.
La representación legal señaló que tampoco es correcta la afirmación de que la demandada “formará parte de la Junta de Directores” de las corporaciones.
“Por el contrario, el expediente judicial es claro, pues se dispuso que las demandadas tenían que renunciar y no habrían de figurar en la junta de directores de la corporación(es) ni en su cuerpo de oficiales”, recordó el equipo de defensa del artista.
A la fecha no se ha revelado el día exacto en que se llevarían a cabo las deposiciones.
Trasfondo del pleito
El pleito comenzó en diciembre de 2024, cuando el artista radicó unas demandas para recuperar el control de sus corporaciones. En ese momento, su equipo legal acusó a las demandadas de una fallida transferencia de $100 millones de las cuentas corporativas a sus cuentas personales.
A lo largo del proceso, las partes se han lanzado fuertes acusaciones, y Cuevas Ramos ha celebrado tres vistas para atender los planteamientos, incluyendo dos de manera presencial en el Centro Judicial de San Juan.
Recientemente, la parte demandada acusó al artista de retirar de una cuenta $118 millones el pasado 10 de enero. Sin embargo, el equipo legal del artista aseguró que se trató de una consolidación de cuentas de First Bank a Oriental Bank.
La controversia surgió en momentos en que el artista se encuentra en proceso de divorcio, un caso que se dilucida aparte en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina y cuyos detalles no son públicos, ya que se emitió una orden de mordaza.
