El régimen de Nicolás Maduro entregó armas a trabajadores de empresas estatales y milicianos, lo que podría indicar que el régimen está expandiendo su ejército civil y perdiendo influencia sobre los colectivos, quienes antes eran su principal brazo político-militar.
En vísperas de su juramentación tras el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales, el 8 de enero Maduro entregó armamento militar a trabajadores de 31 instituciones públicas, dentro de ellas miembros de ministerios, la estatal de electricidad, y empresas expropiadas por el gobierno que fueron difundidas por cuentas en redes sociales de organismos y funcionarios públicos, así como por la televisión estatal.
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La entrega vino un día después de que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, lideró la entrega de rifles al Movimiento de Pequeños Agricultores en los estados centro-occidentales de Lara y Yaracuy. El movimiento forma parte de los varios grupos comunitarios que han surgido en el país.
Los actos parecían una extensión de una política que comenzó en diciembre de 2024, cuando el régimen inició la entrega de armas a empleados de instituciones públicas para “defender la patria”, según registros en redes sociales vinculadas al oficialismo. Uno de los videos documentó la entrega de rifles a trabajadores de una planta de pasta expropiada por el gobierno de Chávez en 2011.
Aunque no se ha confirmado que los grupos civiles hayan retenido las armas distribuidas antes de la juramentación de Maduro, la mediática dotación de armamento se enmarca en la estrategia represiva del régimen venezolano: prevenir levantamientos sociales y consolidar su control político en un contexto de tensión tras jurar para un nuevo mandato de seis años.
Análisis de InSight Crime
El anuncio de la entrega de armas a grupos estatales y comunitarios es otra muestra que los colectivos son cada vez más independientes.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los colectivos armados han sido la principal herramienta paramilitar para frenar a la disidencia. Sin embargo, ante la transformación de los colectivos de “defensores de la Revolución Bolivariana” a comerciantes, Maduro ha tenido que incorporar nuevos elementos al aparato represivo y parece haber perdido influencia en ellos.
Esa transformación comenzó con la crisis económica en el país en 2017, lo cual provocó la migración de muchos de sus miembros a otros países. Quienes permanecieron recibieron contratos del gobierno para subsistir. Además, se les permitió controlar la entrega de alimentos subsidiados, gas doméstico y gasolina, mientras participaban en delitos como extorsión, robos, secuestros y microtráfico.
Esto hizo que algunos colectivos mantuvieran su línea ideológica, pero buena parte empezó a centrarse en sus negocios.
“Los colectivos, la impresión que a nosotros nos da, es que están dedicados a hacer negocios. Ellos se han convertido entre comillas en emprendimiento, por eso es que no los hemos visto muy activos,” explicó un defensor de derechos humanos a InSight Crime.
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Entre algunos de los colectivos que han logrado establecer empresas destacan La Piedrita, Alexis Vive, Tres Raíces y Oswaldo Arenas, según entrevistas realizadas por InSight Crime. Gracias al financiamiento gubernamental, estos grupos desarrollaron cooperativas de alimentos, paradores turísticos, locales de comida, y casinos en Caracas y el estado Miranda.
Distraídos, ya no figuran tanto en el gobierno. Por ejemplo, actualmente, gran parte del pie de fuerza que los colectivos exhiben en actos políticos es contratado, según afirmaron a InSight Crime el defensor de derechos humanos y un experto en seguridad en condición de anonimato por motivos de seguridad.
A la vez, el control social que ejercían en zonas populares se debilitó notablemente. La nueva realidad de los colectivos se evidenció en su incapacidad para movilizar votos a favor de Maduro. Según las actas electorales difundidas por la oposición, Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en bastiones oficialistas históricos controlados por colectivos, como el barrio 23 de Enero en Caracas.
Imagen principal: En eventos durante la juramentación de Maduro, el régimen repartió fusiles a empleados públicos y milicianos. Crédito: AFP
