Las escandalosas imágenes recorrieron el mundo. Un avión aterriza en El Salvador desde Estados Unidos, y cual escenografía de película de terror, un verdadero thriller carcelario, pelotones armados receptan y luego trasladan a personas agachadas a la fuerza y atadas con cadenas en las manos, cintura y pies, y luego conducidos a una mega cárcel de máxima seguridad. Se trata de 238 venezolanos deportados, que en la epopeya de Trump se trata de personas supuestamente vinculados al Tren de Aragua.
La primera parte de esta serie de terror ya la vimos en la base militar de Guantánamo a mediados de febrero. El Gobierno de Estados Unidos había enviado a más de 100 personas de nacionalidad venezolana a dicha base militar que mantiene en Cuba, sin revelar sus identidades. La acusación era igual: eran pertenecientes al Tren de Aragua. Diversos testimonios de familiares, y luego que fueran finalmente trasladadas a Venezuela, se reveló la farsa, la mayoría no tenía vínculos con la organización criminal de origen venezolana.
La criminal saga de Trump se repite, pero con libretos sumarios y dispositivos arreciados, recurriendo a leyes del siglo XVIII de Estados Unidos para tiempos de guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Trump invocó poderes de guerra el pasado sábado contemplados en dicha ley centenaria para asumir la autoridad de acelerar la deportación inmediata y sin derecho a defensa. También ordenó que sean imputables de hostilidad real contra Estados Unidos, lo que crea las condiciones para que puedan ser expulsados del país sin que se les dé un plazo determinado para poner sus asuntos personales en orden. Todo esto, sin dejar de acusar a Maduro de lanzar una invasión a Estados Unidos a través de la banda criminal.
La última vez que había sido usada dicha ley fue durante la segunda guerra mundial con los japoneses en territorio estadounidense –en ese entonces Estados Unidos estaba en guerra declarada con Japón– a quienes, dicho sea de paso, les lanzaron dos bombas atómicas, la mayor atrocidad criminal humana cometida hasta el momento por país imperialista.
Esta vez, tampoco se sabe quiénes son los venezolanos deportados, sin haber tenido juicio alguno previo ni condena por los supuestos crímenes de los que se les acusa, violando el más elemental derecho humano. El gobierno estadounidense no ha identificado a los deportados ni ha aportado pruebas que indiquen que eran miembros del Tren de Aragua ni de que hayan cometido delitos en EE.UU. Literalmente estamos ante el tráfico de seres humanos, ni siquiera con alguna fachada legal para guardar las apariencias.
La acción se llevó a cabo incluso contrariando el dictamen de un juez federal que otorgara una orden de restricción temporal que impedía a Trump expulsar inmigrantes de Estados Unidos a través de la Ley de Enemigos Extranjeros. Se trata del juez James E. Boasberg, que actuaba en un caso presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia y Democracy Forward, en representación de venezolanos que, de acuerdo a sus abogados, corrían riesgo de ser deportados inmediatamente.
Como buen servil de Trump, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha hecho parte del tráfico de personas orquestado desde Estados Unidos con la criminal deportación, incluso como un carcelero de negocio privado –al viejo estilo de los barcos “negreros” que capturaban personas en África para hacerlos esclavos- sostiene que cobra por cada preso, “más barato que en Estados Unidos”, como si de ganado se tratara. Lo que cierra el circulo del negocio criminal de Bukele, es que se está haciendo así de personas para someterlas a trabajo forzoso, tal como el mismo lo ha anunciado. Una clara expresión de esclavitud moderna.
Bukele recibió el agradecimiento del secretario de Estado, Marco Rubio, por ser “el líder de seguridad más fuerte de nuestra región”, así como “un gran amigo de Estados Unidos”. También recibió elogios del propio Trump y de otras importantes figuras políticas de la nueva administración de la Casa Blanca.
Apenas llegado el avión a El Salvador, Bukele informó que las personas fueron trasladadas de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador “por un año”, renovable, lo que sugiere que podrían permanecer allí más tiempo. El Cecot, es una mega cárcel con capacidad para 40.000 personas, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, las cuales denuncian que en la misma los reclusos son maltratados y no se les garantizan sus derechos.
Los venezolanos detenidos no tendrán manera de defender su inocencia ni al debido proceso, lejos del país que le imputa el delito, y en un tercer país donde no tendrán derecho a nada, distante de sus familiares y sin ninguna defensa legal.
Como era de esperarse, ya se están difundiendo declaraciones de familiares de venezolanos que han sido identificados por las imágenes que se han publicado en medios, quienes denuncian que sus allegados no son parte ni tienen vínculos con el Tren de Aragua.
Tal como aconteció con los detenidos en Guantánamo que fueron reconocidos de la misma manera por sus allegados, lo que permitió difundir sus casos, pues nadie ha sido identificado ni comunicado a sus familiares sobre quienes son los detenidos. Estamos ante un terror de Estado imperialista, y de presidentes serviles, como Bukele, que por algunos millones de dólares, se prestan al estilo del mejor postor.
@jairvalera2 ayúdenme a difundir porfa
El “Tren de Aragua” más allá de su existencia y dimensión real, también se ha transformado en una construcción mediática potenciada de manera exponencial. Es algo en lo que investigadores serios del tema criminal e independientes del gobierno coinciden: inflar a más no poder mediáticamente el Tren de Aragua y su poder, exagerando todo lo que se pueda, siendo un comodín empleado por los diferentes actores de poder para sus propias políticas.
En un tiempo lo hizo el Estado venezolano como parte del discurso securitario, para justificar mayores incursiones policiales y acciones represivas en las comunidades pobres y cerros de Caracas y otras ciudades del país, incluso señalando a la oposición de derecha de vínculos con dicha organización delictiva. Pero lo han usado también la oposición arrastrada a EEUU -para relacionar a su vez al gobierno de Maduro con esa organización- y los gobiernos de la región para justificar las políticas represivas antiinmigrantes, como lo hemos visto en Chile y en Perú.
Ahora es el turno del imperialista Trump. Desde su campaña electoral y ya instalado en el gobierno, el presidente estadounidense ha venido nombrando al “Tren de Aragua”, más incluso que organizaciones de alto calibre vinculadas al narcotráfico y poder de fuego de otros países. Esto aun cuando expertos de los propios Estados Unidos creen que éstos apenas suman unas pocas docenas, pero la administración Trump mantiene el relato extraoficialmente que la cifra supera varios centenares.
La construcción está hecha, donde todo inmigrante venezolano en condición de residencia irregular en el país, es parte del Tren de Aragua, no solo presunto, ya automáticamente lo es, sin prueba alguna. Todo como centro de campaña de un bonapartista imperialista que desprecia las pautas legales de su propio país y que en medio de la euforia (masiva y bien arraigada) antiinmigrante que acompaña el fenómeno Trump.
Hay que rechazar y denunciar por todos los vientos semejante aberración humana, deportaciones que se transforman en un verdadero tráfico de seres humanos, que se consideraba ya solo era parte de organizaciones del crimen organizado del tráfico de personas. Estamos ante una situación donde el Estado transforma en “legal” lo propio de bandas delictivas, tal como lo están siendo actualmente Estados Unidos con Trump y El Salvador con Bukele. Es el Estado criminal en acción.
Es urgente desplegar una gran campaña nacional por los plenos derechos de las personas migrantes. Empezando por su pleno derecho al trabajo y a residencia legal en el país que así lo deseen, basta de tratar a los migrantes como criminales y las redadas racistas y
xenófobas de Trump, no a las deportaciones; con extrema urgencia una campaña defendiendo los plenos derechos de los deportados encarcelados, por sus legítimos derechos humanos, por su presunción de inocencia, por su derecho a la defensa. Ser migrante no es un delito.
