En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, en compañía de numerosos familiares, madres, abuelas, esposas y hermanos de los deportados de Estados Unidos, el alto funcionario afirmó que estos fueron previamente criminalizados y estigmatizados sin base de juicio de alguno.
Además, añadió, “sin previo derecho a la defensa ni al debido proceso” en la nación norteña.
Indicó que si fuese el caso, luego de un proceso judicial, que debiera ser atendido por el Derecho Internacional Público, de los Derechos Humanos y en base a la ley y a la Constitución estadounidense, “debió habérseles determinado como mínimo un hecho punible y haberlos procesados”.
En caso de no haber cometido algún delito y procediese la deportación, eso tiene también una regla que instituye las Naciones Unidas, la cual “establece la dependencia ante ese órgano, para que fuesen traídos a Venezuela”, explicó.
El fiscal general denunció que esto se convierte en un crimen de lesa humanidad porque están todos los supuestos que el Estatuto de Roma contempla, consulta y registra, para que “una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad”.
Mencionó que a ellos los discriminaron por “la nacionalidad de ser venezolano”, lo cual consideró como una violación absoluta de ese mecanismo y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
El Salvador firmó el Estatuto de Roma y lo está violando porque “los connacionales fueron detenidos y deportados por ser venezolanos”, insistió.
Declaró asimismo que sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de haber sido privados de manera ilegal de su libertad y habérseles violentado su integridad física.
Saab hizo referencia a un informe filtrado por el periódico New York Times, el cual reveló un documento de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, que concluyó que “la banda del Tren de Aragua no está dirigida por el Gobierno de Venezuela ni comete delitos en Estados Unidos bajos sus órdenes”.
A juicio del alto funcionario, el decreto del gobierno de Donald Trump “está basado en una afirmación que contradice a su propia comunidad de inteligencia, lo cual no tiene parangón ni referencia en ningún lugar del mundo”, estimó.
Saab expresó que la opositora de la ultraderecha María Corina Machado asumió la responsabilidad intelectual de esta acción, “lo ha dicho públicamente”, y fue secundada por un sujeto al margen de la ley como el excandidato presidencial Edmundo González.
Finalmente exigió que el Habeas Corpus introducido por abogados ante la Sala Constitucional salvadoreña “sea declarado con lugar y aprobado”.
rgh/jcd
